Un episodio hoy olvidado del movimiento estudiantil de 1968, en Sinaloa, fue el intento del Gobierno del estado por asfixiar financieramente a la Universidad mediante la retención del subsidio. Cuando eso no funcionó intentó sustituir dicho subsidio por un sistema de becas. En esencia, eso significaba que ya no se entregaría subsidio estatal a la institución: con ese recurso se crearía un sistema de becas que cubriría la colegiatura de los estudiantes. Estos recursos serían administrados por una comisión especial, la que definiría a qué estudiantes becar. Dicha comisión estaría por encima del Consejo Universitario y el rector.

El 22 de octubre de 1968, el gobernador Sánchez Celis le hizo llegar un oficio al rector, el Lic. Rodolfo Monjaraz Buelna, en el que le informaba que había enviado una iniciativa al Congreso del Estado con la propuesta de modificaciones a la Ley Orgánica de la UAS con la creación de dicho sistema de becas, propuesta de modificaciones que anexaba al oficio.1 De inmediato, la comunidad universitaria entró en ebullición. Mítines, manifestaciones y plantones no se hicieron esperar. Solo habían pasado veinte días desde el 2 de octubre.

Ante las protestas universitarias, el Congreso del Estado convocó a audiencias públicas para que la ciudadanía y los universitarios fueran escuchados en el recinto del Congreso antes de aprobar el decreto. Por la Universidad se inscribieron para hablar, en contra, el Lic. Rafael Guerra Miguel, presidente de la asociación de profesores universitarios; Jesús Michel Jacobo. por la Federación de Estudiantes Universitarios. y el Lic. Rodolfo Monjaraz Buelna, rector de la Universidad.2

La manera en que desde el Congreso del Estado titularon estas comparecencias es una oda a la transparencia: «Audiencias públicas del H. Congreso del Estado, relativas a la iniciativa de ley que reforma el artículo cuarto y adiciona con los artículos 34, 35 y 36 la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, creando una comisión para aplicar, controlar y vigilar (sic) un sistema de becas utilizando el ingreso proveniente del impuesto adicional y del subsidio otorgado a la institución por el Gobierno del estado».3

En el Archivo Histórico del Congreso del Estado solo se cuenta con transcripción de las grabaciones magnetofónicas de la intervención del Lic. Monjaraz. Debo señalar que en ese entonces el acceso para el público al Congreso del Estado se ubicaba a una cuadra del Edificio Central de la Universidad, en la esquina de Ángel Flores y Donato Guerra, y que obviamente estaba abarrotado por la comunidad universitaria para escuchar la comparecencia del rector Monjaraz Buelna.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, Monjaraz se permitió dar una cátedra a los señores diputados (los más avanzados de ellos habían sido sus alumnos o compañeros en la escuela de Derecho). Inició diciendo: «La exposición de motivos es antijurídica, pues no fundamenta ni motiva la iniciativa de manera concreta». El título está mal, «debe denominarse de reforma y adiciones, ya que solo se reforma un artículo y se adicionan tres».4 «El artículo 34 establece el sistema de representantes para integrar la comisión de becas, pero no establece los requisitos que deben satisfacer, términos en que deben ejercerlo, ni si dicho servicio será gratuito o remunerado; el artículo 35 quita facultades al Consejo Universitario, la iniciativa le da a la comisión el manejo del 50 % del presupuesto de manera discrecional y deja a la Universidad sin posibilidad de disponer de él. Es contradictoria con la Ley Orgánica, ya que la comisión puede designar a su personal, cuando por ley esa es responsabilidad del rector. La iniciativa no es realmente para asignar becas a los estudiantes, ya que solo los exonera de pago de inscripción, cosa que la Universidad ya hacía con los estudiantes de escasos recursos, y se desatiende de los demás gastos de los estudiantes».

Desmonta uno por uno los objetivos declarados de la iniciativa, ya que este sistema de supuestas becas no iba a terminar con la irregularidad de los alumnos. Tampoco podría democratizar la enseñanza, más bien la aristocratizaría, ya que aquel que no resultara becado tendría que pagar cantidades estratosféricas. Y mucho menos contribuiría a elevar el nivel académico, se pregunta: ¿acaso el exonerar al estudiante del pago de la colegiatura produce la elevación del nivel académico de la institución?

En conclusión, para Monjaraz Buelna «La Comisión de Becas se constituye así en una autoridad incrustada entre las demás autoridades, y en realidad se sobrepone a todas ellas, lo que resulta incongruente, pues se crea una autoridad independiente, autónoma, dentro de ese organismo autónomo que es la Universidad, y para manejar los fondos de la misma».5
 
Después de la participación de los representantes de la Universidad en el seno del Congreso del Estado, el 11 de noviembre de 1968 se llevó a cabo una sesión ordinaria del Consejo Universitario y se emitió un pronunciamiento en el que se rechazaba la iniciativa que pretendía suplir el subsidio de la institución con las supuestas becas, que solo eran exención del pago de inscripción que serían determinadas por una comisión, «por estimarla profundamente atentatoria a los fines de la Universidad, altamente perjudicial a la clase humilde y de escasos recursos económicos; por constituir una clara violación a la autonomía universitaria y por significar la muerte o pérdida de la vida académica y administrativa de la institución».6

Al final el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica cuando ya los universitarios pensaban que gracias a sus argumentos y movilizaciones habían esquivado la bala. Sin embargo, la certificaron en curiosas circunstancias y la iniciativa impugnada no fue aprobada por los miembros de la XLV legislatura que actuó del día 15 de septiembre de 1965 al 30 de noviembre de 1968. Se acordó su aprobación por decreto número 22 de fecha 29 de diciembre de 1968, dictado por el Congreso representado por su XLVI legislatura y sancionado por el gobernador Leopoldo Sánchez Celis el 30 del mismo mes y año, precisamente un día antes de la terminación de su sexenio. Dicho decreto fue publicado en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa, número 157, el mismo 30 de diciembre.7

En respuesta, el Consejo Universitario se reunió el 6 de enero de 1969, pronunciándose en contra mediante el acuerdo 484 de esa fecha. Se nombró una comisión integrada por Monjaraz, Liberato Terán, Rafael Guerra Miguel, Gilberto Zazueta Félix, Sergio Salazar Trapero y Javier R. Valenzuela Malagón, para que se entrevistaran con el nuevo gobernador (Valdez Montoya) con el propósito de exponerle el punto de vista de la Universidad y solicitarle la entrega del subsidio que estaba retenido desde septiembre de 1968. Valdez Montoya reconoció que la razón asistía a la Universidad y dio orden de que el subsidio correspondiente fuera entregado de inmediato a la institución. También se comprometió a derogar el decreto 22 que establecía el sistema de becas.8
 
Sin embargo, el nuevo gobernador  no  derogó de inmediato el decreto que establecía el sistema de becas, solo lo dejó en suspenso mientras creaba una comisión para reformarlo. Así, el 20 de junio de 1969, funcionarios gubernamentales informaban que los trabajos de la comisión que estudiaba el tema de las becas «no constituyen ningún atentado a la autonomía universitaria, puesto que solo se pretende crear una Comisión de Becas en el seno del Consejo Universitario y no precisamente del Sistema Beca- rio de que se ha hablado».9

Los universitarios, ya encarrerados, aprobaron en el Consejo Universitario, en una sesión celebrada el 10 de enero de 1969, una iniciativa de Ley Orgánica para la Universidad, que establecía el cogobierno y desaparecía a la Junta de Gobierno, y fue remitida el 28 de ese mes al Congreso del Estado, que obviamente no la discutió de momento.

Tiempo después, Sánchez Celis (ya exgobernador) reconoció ante  Monjaraz  (ya  exrector)  que la iniciativa del sistema becario fue un error, pero que lo hizo por orden del titular del Ejecutivo federal (Gustavo Díaz Ordaz) para «constituirlo en plan piloto para, con posterioridad, hacerlo extensivo a todas las universidades del país descentralizadas del poder público».10 En este sentido, el movimiento universitario nacional es deudor (sin saberlo) del movimiento universitario sinaloense.